América Latina es una región que se caracteriza por la inequidad, donde el 29% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el 40% recibe menos del 15% de los ingresos, con enormes brechas entre países, un 30% no tiene acceso al sistema de salud por razones económicas y un 21% tiene acceso limitado por razones geográficas (datos de la OMS).
El promedio del gasto social en salud en América Latina se ubica en 4% del PIB, la mitad que le dedican en promedio los países de la OCDE y con menor calidad del gasto. La crisis generada por el COVID-19 ampliará esas brechas e incrementará el riesgo en los sectores más vulnerables.
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, en los países que destinan bajas proporciones del gasto público al sector salud (menos del 5% del PIB), funciona mejor el sistema de salud privado que el sistema público: Guatemala (62% del sistema de salud es privado), Haití (79%) y Venezuela (71%).
La región de América Latina y el Caribe está envejeciendo, experimentando una transición demográfica donde las mujeres están reduciendo el número de hijos y se requiere mayor cobertura médica para las personas de la tercera edad (BID, 2020).
De acuerdo al BID, la mejor atención en salud está correlacionada con mayor inversión, mientras la eficiencia del gasto en salud puede jugar un rol fundamental en la extensión de la esperanza de vida a 80 años de edad (BID, 2020).
Para analizar el impacto del gasto en salud en el bienestar de los hogares y el acceso a los servicios de salud, es muy importante considerar el pago de bolsillo o el pago directo en salud que realizan los hogares, porque este gasto privado en específico reduce los ingresos de las familias para mejorar su bienestar en otros ámbitos.
Venezuela encabeza el país con mayor porcentaje de dinero pagado directamente de los bolsillos de los ciudadanos para financiar el gasto en salud. Esto resulta paradójico tratándose de un país donde se ha impuesto un modelo socialista, donde se supone que se hace énfasis en lo público. En la práctica, no sólo lo financia directamente el ciudadano, sino que además, funcionan mejor los servicios de salud y educación financiados por los privados.
Venezuela y Guatemala, que son los países con mayor porcentaje de gasto en salud pagado directamente de los bolsillos de los ciudadanos, precisamente dos países con baja participación del gasto en salud sobre el PIB y donde el sector privado es más eficiente en atención a los pacientes que el sistema público.
En el escenario de la crisis por COVID-19, la depresión económica continuada que ya venía experimentando la economía, también se suma la paralización por confinamiento; y se profundiza el riesgo de perder el empleo. A ello, hay que sumarle los riesgos sanitarios ante el virus, sea por falta de mantenimiento e inversión en los servicios de agua y saneamiento y por el desmantelamiento del sistema salud, otrora ejemplo regional.
De acuerdo al estudio del BID “Mejor gasto para mejores vidas” (2018), las principales fuentes de ineficiencia del gasto público en salud en América Latina están en el desperdicio de insumos, duplicación de exámenes, estadías hospitalarias innecesarias, regulación de precios de los medicamentos y la escasez de los mismos que las regulaciones generan. La ineficiencia del gasto sanitario también se expresa en la subutilización de medicamentos genéricos y la compra de medicamentos de marca, 40% más caros y cuya carestía deben terminar subsidiando los gobiernos.
Venezuela por su parte, tiene el mejor ejemplo de ineficiencia de gasto público en salud, a través de transferencias monetarias directas y financiamiento de misiones que no crearon estructura ni infraestructura sanitaria, sino que terminaron por demoler lo que quedaba del sistema sanitario de los años 60’ del siglo XX.
FUENTE: Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE). Boletín Obsevatorio del Gasto Público.
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